Colectivos ciudadanos se movilizarán el 10 de noviembre en más de 20 ciudades para denunciar los incumplimientos del Gobierno en materia de inmatriculaciones

Sevilla, Córdoba y Jerez estarán en esas movilizaciones

El candidato a la presidencia del Gobierno en su discurso de investidura se comprometió
a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los
bienes que hayan sido inmatriculados por la jerarquía católica. Era el texto recogido en el
punto 5.11 del Acuerdo de Gobierno de coalición PSOE–Unidas Podemos.
Representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo impulsado por colectivos
ciudadanos en defensa del patrimonio público. Parecía que algo podía cambiar.
Pero simultáneamente los contactos opacos entre el Gobierno y la Jerarquía avanzaban
en sentido contrario. Se retenía la información sobre los bienes inmatriculados.
La difusión del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y
2015 es un éxito sin paliativos de las organizaciones que se agrupaban en Recuperando;
pero era un listado parcial (no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998), no
ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo inmatriculado.
El Gobierno de coalición ha dado carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en
quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía; El
Ejecutivo no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a
particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales.
Esta renuncia gubernamental solo se puede explicar desde la cobardía histórica para
frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica.
Lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta
opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta
gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas
de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que
seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de
propiedad.
Las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por contravenir la Constitución
española. El Gobierno debe declarar la nulidad de todas aquellas inmatriculaciones
realizadas al amparo del artículo 206 con una simple autocertificación eclesiástica. A partir
de ahí, los obispos podrían inscribir, ya sin ventajas registrales, los bienes cuya
pertenencia acrediten fehacientemente. Además, los bienes de especial relevancia
cultural, como la Mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte
prerrománico de Asturias, deben ser adscritos al dominio público por pertenecer a toda la
ciudadanía.
Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico,
Recuperando y todas y cada una de las organizaciones que coordina sí lo estarán. Por
ello, seguiremos manteniendo convocatorias de movilización para denunciar esta
situación, para emplazar a las fuerzas políticas y al gobierno a que cumplan con sus
compromisos adquiridos.

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *