El Presidente del Gobierno, al realizar su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados, se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que habían sido inmatriculados por la jerarquía católica en los últimos decenios. Este compromiso se recogía en el punto 235.11 del Acuerdo de Gobierno de coalición PSOE–Unidas Podemos, lo cual representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo impulsado por diferentes colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público.
En este sentido, la difusión del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 ya es un éxito sin paliativos de las organizaciones que se agrupan en Recuperando; pero sigue siendo un listado parcial ya que no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998, y no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo inmatriculado. De hecho, la propia Iglesia ha reconocido que más de 1.000 bienes han sido inmatriculados erróneamente, una cifra minúscula frente a los más de 35.000 bienes inscritos por la jerarquía católica gracias a las oportunas modificaciones de la Ley Hipotecaria que realizó el gobierno de José Mª Aznar en 1998, utilizando dos normas de la etapa franquista que han permitido a la Iglesia Católica autocertificar estos bienes como propios.
Al día de hoy, el Gobierno, lejos de cumplir su promesa electoral, ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad.
En Andalucía, la Iglesia ha inmatriculado 4.222 bienes como propios, de los cuales 295 se encuentran en la provincia de Sevilla, siendo su Catedral, la Giralda y el Patio de los Naranjos (inmatriculados por 30 euros en 2010) sus elementos más significativos entre otros muchos.
Sin embargo, la ciudadanía no ha permanecido callada ante este expolio de su patrimonio y se ha organizado para reclamar la reversión al dominio público de los bienes inmatriculados al calor de normativas franquistas, claramente anticonstitucionales. En este sentido, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, la Asociación de Profesorado para la Difusión y Protección del Patrimonio “Ben Baso”, Europa Laica y la plataforma estatal Recuperando vienen desarrollando en los últimos años un proceso de actuaciones para reclamar, entre otras, la devolución del Patio de los Naranjos a la ciudad de Sevilla, actualmente cerrado al secular acceso público y gratuito que tuvo hasta 1992. En este contexto, no sólo levantamos nuestra reclamación al arzobispado sevillano, sino que también instamos a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla a que asuman sus responsabilidades políticas y procedan a atender las reclamaciones ciudadanas presentadas.
El patio de los Naranjos, como símbolo del proceso inmatriculador, debe volver a ser un espacio urbano abierto a la ciudadanía y tanto el Gobierno como el Ayuntamiento no pueden mirar a un lado y desentenderse del compromiso electoral y de esta exigencia ciudadana.
Por todo ello, y en el contexto de la convocatoria nacional a favor de la reversión de las inmatriculaciones, las asociaciones abajo firmantes convocan a una concentración en la Plaza Nueva frente al Ayuntamiento el próximo 10 de noviembre a las 17 h.
¡¡RECUPEREMOS NUESTRO PATRIMONIO PÚBLICO!!
¡¡El PATIO DE LOS NARANJOS PARA LA CIUDAD!!