Europa Laica considera que «la libertad religiosa es un derecho individual a respetar, pero la atención espiritual debería ser sufragada en su totalidad por las confesiones e iglesias o sus propios fieles».
Crucifijos en un taller. Archivo.Europa Press
Sevilla-30/07/2026 PÚBLICO
El Gobierno andaluz ha renovado en fechas recientes el acuerdo con la Iglesia católica para la atención religiosa en los hospitales públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El gasto previsto, según consta en el propio convenio, que tiene una vigencia para cuatro años, prorrogables, y fue rubricado por el consejero Antonio Sanz (PP) y por los arzobispos de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y de Granada, José María Gil Tamayo, es de 1.849.676 euros anuales destinados al pago de los salarios de 117 capellanes, de los que 34 serán contratados con jornada parcial. El acuerdo recoge que la «contraprestación económica» se hará «a las provincias eclesiásticas de Andalucía», es decir, a los obispados. La cantidad total destinada a esos sacerdotes ha aumentado de los 1,4 millones de 2018, el último año de Gobierno del PSOE en la comunidad, a los 1,8 millones de ahora. También el número se ha incrementado desde los 96 de entonces a los 117 de ahora.
El salario de los sacerdotes asciende a 18.496,76 euros al año para los que tienen jornada completa y a 9.248 euros los contratados a tiempo parcial. Este asunto de los capellanes financiados por fondos públicos tiene un soporte legal en los acuerdos firmados por el Estado con el Vaticano —cuestionados por los colectivos laicistas y por parte de la doctrina jurídica—, que luego, se desarrollan, en este caso, mediante otro pacto del Gobierno con la Conferencia Episcopal en 1985, con Felipe González de presidente. Después, todo se traslada a las legislaciones autonómicas, no solo en Andalucía. En esta comunidad en concreto, esto se produjo durante la etapa de José Rodríguez de la Borbolla (PSOE), quien autorizó en 1986 a su consejero de Salud a pactar con los obispos la asistencia religiosa en los hospitales públicos de la comunidad. Ahora el Gobierno andaluz ha renovado los acuerdos.
Desde entonces, los capellanes católicos han sido financiados a cargo del erario público. Esto es algo que la asociación Europa Laica —y también algunos juristas— consideran que debe corregirse, no solo en Andalucía, sino en todo el país. El portavoz de la organización laicista en Sevilla, Tomás Madueño, señala a Público: «Institucionalizar e incardinar personal confesional remunerado dentro del entramado hospitalario público atenta contra la aconfesionalidad del Estado e introduce sesgos e interferencias doctrinales en los centros sanitarios. La libertad religiosa es un derecho individual a respetar, pero la atención espiritual debería ser sufragada en su totalidad por las confesiones e iglesias o sus propios fieles».
El nuevo convenio en Andalucía recoge: «Se garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa católica prestada en los centros hospitalarios gestionados por el SAS de los pacientes católicos y no católicos que estén siendo atendidos, que libre y espontáneamente lo soliciten, de los familiares de esos pacientes y sus allegados, así como del personal del centro en el que se presta esa atención, siempre que las necesidades del servicio hospitalario lo permitan».
También se detalla que «en cada hospital adscrito al SAS existirá un servicio u organización para prestar la asistencia religiosa católica y atención pastoral». Esta comprenderá, se precisa, «la visita a los enfermos, a sus familias y acompañamiento en todo su proceso de enfermedad, con el debido respeto a la libertad religiosa». También se permite «el asesoramiento en las cuestiones religiosas y morales«. Y «la celebración de los actos de culto y administración de los sacramentos, con el fin de atender a las necesidades religiosas y espirituales solicitadas». Traducido: capillas y misas.
Se añade después: «El contenido y la forma de prestar su asistencia religiosa católica serán determinados exclusivamente por la competente autoridad eclesiástica» con el solo límite del «respeto al principio de libertad religiosa» y «con observancia de las normas de organización y régimen interno de los centros hospitalarios». Serán los obispos quienes designen a esos capellanes que contarán con la «autorización» del gerente del hospital. El convenio deja en manos del SAS el cese del capellán en el caso de «faltas graves», que no se definen, previa escucha de lo que tengan que decir los obispos al respecto.
Los hospitales también se comprometen a «incluir la información sobre los servicios de asistencia religiosa católica y su regulación en la guía de acogida». El acceso de los capellanes a los hospitales será «libre y sin limitación de horario». No podrán «interferir en ningún caso en la actividad asistencial» y deberán ejercer la labor de manera «compatible con el tiempo y espacio destinado a los servicios de otras confesiones«. El convenio también recoge que en el caso de una «urgencia», los capellanes podrán usar «las plazas de aparcamiento del hospital que habitualmente utilizan los equipos médicos que realizan guardias, […] de modo que el acceso sea rápido y sin demora».
El acuerdo recoge expresamente que en ningún caso la labor de los capellanes implicará «la existencia de una relación contractual o de prestación de servicios respecto del SAS«, por lo que no se podrá exigir que este tenga responsabilidad como consecuencia de la realización de la asistencia religiosa». El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya cerró esta vía en una sentencia de 2021. Entonces, cuatro capellanes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que prestaban sus servicios en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense pretendía que este era de naturaleza laboral.
Los magistrados destacaron, por el contrario, que la «actividad pastoral» es «ajena totalmente al Sergas» y subrayaron que esa actividad «ni coincide con la propia del Sergas, [porque] la aconfesionalidad del Estado así lo impide ni el Sergas puede impartir órdenes y directrices en su ejecución, algo que solo cumple el obispo, que es, además, el que designa y cesa a los capellanes». El TSXG recalcó que, «sin duda», las prestaciones que derivan de la asistencia religiosa, al tener naturaleza espiritual, son «ajenas a la competencia del Estado y, por ello, su fijación corresponde de forma exclusiva a las autoridades eclesiásticas, pues, en otro caso, se estaría infringiendo el principio de laicidad del Estado».
El número mínimo —se puede, por tanto, aumentar— de capellanes está vinculado por el acuerdo de 1985 al tamaño del centro. Los 117 capellanes ejercerán su labor en 34 hospitales públicos de toda la comunidad. En el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla habrá ocho (siete a tiempo completo) y en el de Málaga, diez (cuatro a tiempo parcial). Son los más grandes. Sin embargo, desde aquel año, en estos 40 años la sociedad y las creencias han cambiado. España es hoy otro país muy diferente. Se trata de una sociedad que ha vivido un proceso de secularización, según lo han definido los sociólogos, y que hoy más ateísmo y nuevas espiritualidades le han comido el terreno a la hegemonía del catolicismo en España.
El Gobierno andaluz ha firmado también hace unas semanas un protocolo con el Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía, en el que se tratan cuestiones generales y también se recogen en el punto sexto previsiones en el tema sanitario. A diferencia del convenio con la Iglesia católica, este pacto con los evangélicos en principio «no implica la generación de gasto». Por un lado, «se impulsará la firma de un convenio específico con el SAS pra la equiparación de los capellanes evangélicos y los auxiliares voluntarios, con los ministros de otras confesiones religiosas y se procederá a la acreditación de estos». Y, por otro: «En el marco de las disponibilidades presupuestarias y en aras de dicha equiparación, se dotará, mediante el citado instrumento, en su caso, al ministerio evangélico en los hospitales, de espacios, vestuario y medios adecuados en cada hospital establecidos para este fin. Si no fuera posible ante la falta de espacio, se propiciaría un uso compartido del mismo».
Cuatro demandas de Europa Laica
Europa Laica tiene cuatro demandas para el Gobierno andaluz en este asunto. Por un lado, la «derogación inmediata del Convenio SAS-Obispos: Rescisión urgente del acuerdo firmado y suspensión inmediata de la transferencia anual de 1.849.676 euros a las diócesis católicas». Por otro lado, la reorientación del presupuesto al 100% para atención sanitaria: «Destinar íntegramente los casi 7,4 millones de euros a reforzar la contratación de personal sanitario y la reducción de las listas de espera en el SAS». También la aconfesionalidad real de la red hospitalaria pública: «Salida del personal eclesiástico retribuido y garantía de que cualquier asistencia confesional se realice desde fuera de la estructura oficial y a coste cero para las arcas de la salud pública». Por último, la potenciación del soporte psicológico y social laico: «Aumentar las plazas de psicología clínica y trabajo social para ofrecer un acompañamiento humano, universal y científico a los pacientes y sus familias».