Ernesto Ferc / 29 agosto 2026
Hay quien cree que los verdaderos prodigios de la era moderna ocurrieron en los laboratorios de Silicon Valley o en la carrera espacial. ¡Ilusos! El mayor acto de prestidigitación inmobiliaria de la historia contemporánea de España no necesitó tecnología punta, sino algo mucho más eficaz: un BOE, un Gobierno amigo y la bendita pluma de José María Aznar.
Porque, reconozcámoslo, hay amigos que te invitan a unas cañas y hay amigos que te ponen a nombre propio cerca de 35.000 inmuebles sin despeinarse. A finales de los noventa, el Ejecutivo de Aznar decidió que la Iglesia Católica tenía un problema gravísimo: no podía poner a su nombre hasta el último cortijo, ermita, solar y piso con la misma facilidad con la que un curilla firma un bautizo. Y claro, ante semejante «discriminación» —la de tener que demostrar que algo es tuyo igual que el resto de los mortales—, papá Estado acudió al rescate.
La fe mueve montañas… y registra fincas
El mecanismo era de una sencillez tan insultante que rozaba la ciencia ficción. Con la modificación de la Ley Hipotecaria auspiciada por el aznarismo, el obispo de turno se convirtió en algo así como el rey Midas de sotana: bastaba con que el prelado firmara un papelito certificando que «esto que ve aquí, desde la torre hasta el huerto de los naranjos, es de Dios… y por delegación divina, mío», para que el registrador de la propiedad tragara saliva, sellara el documento y ¡pum!, magia celestial. Adiós escrituras notariales, adiós cadenas de transmisión históricas y adiós a buscar los títulos de propiedad que el Cid Campeador o Alfonso X el Sabio supuestamente debieron dejar firmados.
Así, entre 1998 y 2015, los sagrados papeles obraron el milagro. Catedrales, mezquitas convertidas, plazas de toros, pisos en alquiler, solares y hasta caminos rurales pasaron a formar parte del cepillo inmobiliario de la Conferencia Episcopal. Todo muy evangélico: bienaventurados los que no tienen abuela, porque suyos serán los registros de la propiedad.
El grito en el cielo de l@s patrimonialistas:
Mientras tanto, en el mundo real, la Plataforma en Defensa del Patrimonio lleva años sufriendo algo muy parecido a una úlcera crónica. Esta gente, tan ingenua ella, se pensaba que las catedrales pertenecían al pueblo que las pagó con el sudor de su frente, los impuestos de sus abuelos y las piedras acarreadas a lomos de mula durante la Edad Media.
Qué equivocados estaban. Los plataformas llevan décadas pegándose cabezazos contra los muros de hormigón del papeleo, intentando explicar lo evidente: que una cosa es administrar la fe y otra muy distinta quedarse con la lonja, la casa rectoral y el olivar de al lado por el morro administrativo. Pero claro, chocar contra una inmatriculación firmada al amparo de Aznar es como intentar demoler el Escorial con un palillo de dientes.
La Iglesia, con esa mezcla tan suya de santidad terrenal y pragmatismo notarial, se defiende argumentando que solo custodiaban lo suyo. Hombre, faltaría más. Qué sería de la cristiandad sin un buen fondo de inversión en ladrillo rústico y urbano. Al final, los santos padres entendieron a la perfección aquello de que el Reino de los Cielos es muy bonito, pero tener escrituras en la Tierra da una paz espiritual insuperable.