Una investigación impulsada por el Gobierno foral y la Federación Municipios y Concejos ha realizado un primer análisis de los bienes inmatriculados y ha detectado 79 que son “susceptibles” de reclamar su titularidad pública
Imagen de una concentración de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro en Pamplona. EDUARDO SANZ / EUROPA PRESS
Rodrigo Saiz – Pamplona
Actualizado el 26/11/2025 19:30 h
El Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, valora presentar una primera demanda contra el Arzobispado para recuperar 21 bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia entre 1900 y 2021. Se trata de casos en los que se ha podido acreditar su titularidad pública tras haber recabado pruebas en los archivos municipales. La idea inicial del Ejecutivo era buscar un acuerdo con la Iglesia para que los devolviera sin necesidad de acudir a los tribunales, pero hace unos meses el arzobispo de Pamplona, Lorenzo Roselló, declaró que solo los devolvería si un juez así lo dictaminaba.
Estos son solo una pequeña parte del total de 2.952 bienes con los que la Iglesia engrosó su patrimonio en la comunidad foral, según un informe elaborado por el Ejecutivo navarro en 2021, el más detallado realizado hasta la fecha en España, y serán los primeros que la Administración navarra tratará de recuperar. “No vamos a esperar a tener toda la información disponible para plantear una demanda, sino que tenemos que valorar a partir de ahora aquellos elementos que nos permitan plantear una demanda en el corto plazo, independientemente de que sigamos avanzando a través del convenio y de los convenios que podamos reeditar en el futuro”, ha explicado el consejero de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi.
De los casi 3.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, apenas un 33% son edificios religiosos. El grueso de las propiedades son terrenos comunales –fincas y tierras de cultivo– que originariamente pertenecían al común de los vecinos de una localidad, quienes se encargaban de explotarlos y repartirse las ganancias. El Gobierno navarro inició en 2021 el proceso para tratar de recuperarlos pero fue paralizado por un dictamen de la Intervención Delegada del Departamento de Hacienda. En él, este organismo declaró incompetente al Gobierno de Navarra para investigar esta cuestión, argumentando que “la competencia administrativa de defensa y recuperación de los bienes comunales no corresponde al Gobierno de Navarra, sino a las entidades locales”.
Tras ello, El Ejecutivo foral alcanzó un acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), que ha sido renovado este miércoles hasta el 2026, para tener así la potestad para investigar la forma en la que la Iglesia se había apropiado de cada bien y si lo había hecho de forma regular o no. De momento se han adherido ya 139 entidades locales.
Por el momento la investigación ha analizado 174 bienes de 26 entidades locales, un 18% del total de bienes de las entidades adheridas al convenio. De ellos se ha podido identificar 79 fincas concretas -ermitas, casas parroquiales, bordas, huertos o terrenos, entre otra naturaleza- que el Gobierno navarro entiende que podrían ser susceptibles de justificar y reclamar su titularidad comunal o pública. 21 son casos en los que “se han recabado pruebas para acreditar su titularidad pública, mientras que en los 58 restantes se han encontrado indicios históricos”.
Los registros de la propiedad elevan a 2.952 los bienes inmatriculados por la Iglesia en Navarra
“Desde hace años, muchos ayuntamientos y concejos nos venís trasladando dudas sobre la titularidad de ermitas, casas parroquiales, bordas, huertos y terrenos que siempre habíais entendido como públicos y que, sin embargo, constan inscritos a nombre de la Iglesia. Esa inquietud, muy ligada a la defensa del comunal y a la identidad de nuestros pueblos, es la que nos ha llevado a impulsar una investigación técnica, rigurosa y bien fundamentada”, ha destacado el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Xabier Alcuaz. “Se trata de la primera acción política efectiva que emprende el Gobierno de Navarra en vía administrativa para intentar recuperar bienes que históricamente las entidades locales han ido perdiendo de una manera subterfugia, sobre todo a partir de la puerta que abrió la reforma legal del Gobierno Aznar en 1998, y es una iniciativa que está íntimamente ligada con el desarrollo rural, la defensa del comunal o la memoria colectiva de nuestros pueblos”, ha finalizado Aierdi.