La coordinadora estatal RECUPERANDO ha mantenido, el pasado día 18 de marzo, una reunión con el Defensor del Pueblo en relación con la queja presentada por la falta de respuesta del Gobierno a la solicitud de información detallada sobre las inmatriculaciones de la Iglesia incluidas en el listado remitido al Parlamento en 2021.
La reunión se ha producido después de que RECUPERANDO denunciara ante la Defensoría que el Gobierno no había contestado a la petición registrada para obtener el expediente completo 161/001437 de la XII Legislatura, incluyendo la totalidad de las notas simples registrales que sirvieron de base para la elaboración del estudio sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015.
Como viene denunciando RECUPERANDO, la información facilitada por el Ejecutivo en febrero de 2021 resulta claramente insuficiente. Aquel listado incluía 34.961 inscripciones registrales, pero en la mayoría de los casos solo ofrecía datos genéricos como el municipio, el tipo o el posible título, sin incorporar elementos de identificación inequívoca como el número de finca registral, el código registral, la dirección o la referencia catastral. Sin esa documentación completa, la ciudadanía y las administraciones no pueden conocer con precisión qué bienes fueron inmatriculados ni actuar en consecuencia.
Por parte de RECUPERANDO asistieron a la reunión Cristina Contreras López, Jesús Martín Correa y José María Rosell Tous. En representación de la Defensoría del Pueblo participaron Patricia Bárcena García, Adjunta Segunda, y Pedro Baena Pinedo, Director del Área de Economía y Hacienda.
Durante el encuentro, la Defensoría ha mostrado su disposición a estudiar en detalle la queja presentada y a trasladarla al Gobierno, en el marco de sus funciones de supervisión de la actividad de las administraciones públicas. Para RECUPERANDO, este paso es relevante, porque sitúa nuevamente en la agenda institucional una cuestión que nunca debió quedar bloqueada por la inactividad pública administrativa: el acceso a una información pública imprescindible para identificar los bienes inmatriculados y para evaluar si esas inscripciones fueron o no ajustadas a Derecho.
No se puede preservar ni defender adecuadamente una acción sobre unos inmuebles cuya identificación completa sigue oculta o incompleta.
RECUPERANDO aprovechó también la reunión para exponer el planteamiento de fondo que viene defendiendo desde hace años. Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, que consagra la aconfesionalidad del Estado, la Iglesia católica no es una entidad certificante equiparable a una administración pública. En consecuencia, no pudo emitir válidamente certificados administrativos, ni, por tanto, documentos públicos que accedieran al Registro de la Propiedad por el art. 206 de la Ley Hipotecaria inmatriculando por esa vía. Por ello, las certificaciones utilizadas y presentadas desde entonces por la Iglesia deben ser consideradas nulas de pleno derecho.
Esta cuestión no es meramente técnica. Afecta de lleno a la validez de miles de inscripciones practicadas durante décadas y al deber de los poderes públicos de garantizar la legalidad, la transparencia y el respeto a la Constitución.